Un comerciante, reconocido como Francisco Peña Fernández, fue condenado el miércoles a 24 meses de reclusión federal tras confesar su culpabilidad por 13 delitos de fraude bancario.
El juez federal Francisco Besosa, además, ordenó que Peña Fernández cumpla cinco años de probatoria una vez salga de la cárcel.
El comerciante tuvo restaurantes de la cadena Subway en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón, y en Río Piedras, pero en julio de 2018 fue acusado por un gran jurado federal por un esquema de fraude bancario del cual no se conocen todos los detalles públicamente, ya que el expediente del caso no está disponible para el público general en el sistema electrónico del Tribunal Federal.
Por una orden del juez Besosa, disponible en otras bases de datos públicas, se conoce que Peña Fernández se declaró culpable el 24 de agosto de 2018.
Los delitos en su contra le imputaron que, de noviembre de 2011 a junio de 2015, “Peña representó falsamente que un que un individuo referido como J.P.C. ‘autorizó y aprobó la emisión y negociación de cheques de cuentas de subsidiarias de la Compañía A’”.
“Al final, Peña obtuvo fraudulentamente más de $3.5 millones de Banco Popular y otras instituciones financieras”, relató la orden de Besosa.
Peña Fernández también enfrentó delitos de blanqueo de capitales, pero fueron desestimados como parte del acuerdo para que se declarara culpable.
La orden de Besosa también indica que el pliego acusatorio contenía una alegación de confiscación por $5,036,960 y los restaurantes mencionados, aunque el documento no explicaba la diferencia con relación a la mencionada cantidad de los cheques fraudulentos.
Sin embargo, el juez destacó que el acuerdo aludía solamente a las dos propiedades y no al monto de dinero.
Durante la vista de este miércoles, Peña expresó a Besosa que quería pedir “disculpas por el acto que cometí, especialmente a la familia Pérez”.
“No quisiera que estuvieran aquí, pero le pido disculpas a mi familia, que ha sufrido todo esto”, manifestó Peña Fernández. “Como siempre me he expresado, estoy bien arrepentido por todo lo que cometí”.
“Siempre estoy dispuesto a enmendar y corregir para ser un hombre de bien, que fue lo que me enseñaron mis padres”, agregó el convicto de 54 años de edad. “Acepto mi culpa y sé que tendré que pagar por eso”.
La defensa, encabezada por la exfiscal federal María Domínguez y Giovanni Canino Sánchez, intentó convencer al juez que le permitiera cumplir la condena en arresto domiciliario. Destacaron una serie de condiciones “crónicas” de salud que no serían atendidas adecuadamente en una cárcel federal.
Por su parte, el fiscal federal Seth Erbe argumentó que lo apropiado era una condena de 24 meses tras las rejas.
“Como puede ver la corte, se trata de un fraude significativo, de $5 millones”, apuntó Erbe, quien comentó que fueron afectadas “varias compañías”.
Además, expuso que “$5 millones no es poco. Es mucho. El tiempo recomendado es apropiado dadas las pérdidas y daños a las víctimas”, mientras que los dos años de cárcel podrían enviar un mensaje para “evitar que otros incurran en la misma conducta”.
“Los casos de cuello blanco son serios. Aun en negocios, es una ofensa seria y se busca que la gente considere las consecuencias de una conducta ilegal”, afirmó.
Tras emitir la condena de dos años de cárcel, dispuso que fuera enviado al complejo correccional en Pensacola, Florida, porque “hay instituciones médicas cercanas”.