El pretendiente a la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Erik Rolón, solicito este lunes a la Junta de Inspección y Fiscalización (JSF) que evalúe -ante supuestas infracciones al Código Municipal- las situaciones que rodearon la sanción, por parte de la Legislatura Municipal, de una decisión para la emisión de un préstamo de $13.6 millones para realizar mejoras en el ayuntamiento

“Nuestra solicitud se fundamenta en que no se cumplió con mostrar y evidenciar una situación de emergencia. Por otra parte, se observa la unión política, al estar pidiendo préstamos que, en menos de año y medio, aumentarían la deuda pública en aproximadamente $23 millones, con el propósito de obras innecesarias y otras olvidadas por el transcurso de los años”, denunció Rolón.

En respuesta, el alcalde de Dorado, Carlos A. López, argumentó que la transacción cuenta con el aval de la Entidad de Consultoría Financiera y Oficina Fiscal (Aafaf). “Él desconoce cuáles son las necesidades de los doradeños, y esto ha sido auscultado con los residentes y planificadores, y hemos establecido las prioridades”, subrayó.

Conforme la propuesta presentada a la Legislatura Municipal, entre las obras a realizar, estaría la construcción de una rotonda en la comunidad de Maguayo, a un costo de $2.3 millones; un centro polivalente en el barrio Espinosa, por $1.1 millones; y un área recreativa en el Gran Parque Dorado, lo que requerirá una inversión de $870,000. Asimismo, asigna $674,000 para la construcción de aceras y bordillos, entre otros trabajos.

El 25 de enero, la Legislatura Municipal de Dorado sancionó, con 11 votos a favor y dos en contra, el proyecto de resolución 131 para la obtención del dinero.

Para Rolón, el ejecutivo municipal de Dorado; el presidente de la Legislatura Municipal, Carlos López Román, y el administrador municipal, Aníbal José Torres, así como otros líderes del Partido Popular Democrático, “han sido cómplices por silencio”.

“Lo anterior ocurre al este grupo unir una representación políticamente acomodaticia, insalubre fiscalmente, en violación al Código Municipal de Puerto Rico”, señaló.

“Tal como exige el proceso, la única opción para el pueblo de Dorado es que la JSF examine tal proceder y rechace el pagaré”, dijo el exsecretario de Corrección y Rehabilitación, al señalar que su reclamo está sustentado en que el municipio incumplió con evidenciar que existe una emergencia que haga necesaria la solicitud del préstamo.

“Si existe un alegado superávit en el municipio, ¿por qué se requiere un préstamo de esta naturaleza que se suma a otros tres?que se lograron a fines de 2022? Si de la solicitud surge algo que sea una auténtica emergencia, que se realice”, declaró el candidato novoprogresista, quien incluyó su queja en una carta dirigida al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

De acuerdo con el Código Municipal, se considera un gasto superfluo “todo desembolso por materiales o servicios que no son imprescindibles o necesarios para que el municipio pueda llevar a cabo las funciones que, por ley, se le han encomendado”, resaltó el abogado. “Ahora, en periodo electoral, salen a realizar un préstamo para nuevamente crear la apariencia falsa de perfección y que el municipio está sólido financieramente. No subestimen ni engañen más al pueblo. Dorado está repleto de construcción, pero es gracias a la inversión privada”, expresó.

En cambio, López explicó que el préstamo se pagaría con la Contribución Adicional Especial Municipal (CAE) que reciben los municipios por concepto de la propiedad mueble e inmueble y que puede utilizarse para financiar obra permanente. “No implicaría ninguna imposición adicional a los ciudadanos”, afirmó.

Sin embargo, Rolón resaltó que el plan de pago y autorización del préstamo obligaría al ayuntamiento a realizar un solo desembolso de $11.7 millones al 1 de julio de 2030. “Es decir, al cabo de siete años, el municipio tiene que pagar de una sola vez el 80% del principal del préstamo. Tal plan, promueve el pago de una cantidad desmesurada en simplemente intereses”, lee la carta que el político envió a la JSF.

La semana pasada, tras la aprobación de la resolución, la candidata a la alcaldía del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Yamira Colón, también cuestionó la aprobación del proyecto de resolución. De forma semejante, se expresó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito”Hernández, quien desafió en primarias a López, alcalde que lleva más de dos décadas al frente de la ciudad.

Al analizar la posibilidad de desarrollar nueva legislación para enfrentar la violencia de género, que en este año ha provocado el fallecimiento de cuatro mujeres, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, opinó este lunes que es crucial exigir al componente de seguridad la correcta aplicación de los reglamentos y la jurisprudencia vigente.

“Las normativas ya existen, puede haber margen para mejorar, pero el sistema cuenta con las herramientas. En este momento, noto que no hay una comunicación constante para que el rol que tienen que desempeñar esas agencias de seguridad funcione como un reloj”, argumentó el líder senatorial en una conversación con medios de comunicación.

El reciente asesinato de Linnete Morales Vázquez -junto a su hermano y madre- a manos de su expareja, identificada como Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, ha generado fuertes críticas sobre el manejo del caso a nivel investigativo y judicial.

Tras el feminicidio, ocurrido la semana pasada en el municipio de Yauco, se supo que a Santiago Figueroa no se le impuso vigilancia electrónica, a pesar de lo establecido por ley y de contar con condenas previas por delitos bajo este estatuto. “La aplicación de supervisión electrónica es una condición obligatoria que el tribunal tenía que imponer al conceder la fianza”, expresaba la moción presentada por la fiscal auxiliar Ruth Pérez Pérez el día antes de las fatalidades.

No obstante, la próxima semana entra en efecto la Ley 48 de 2023, que establece que será política pública del Estado recomendar la utilización de supervisión electrónica de manera obligatoria para las personas imputadas de cualquier delito según la Ley 54, lo que ha generado inquietudes en diversos sectores. Al respecto, Dalmau mostró disposición para abordar este tema.

“Puede que alguien proponga algo innovador, pero existen los mecanismos para trabajar con estas situaciones. Se denuncia a la persona, la Policía interviene, pero la Policía debe recopilar información y poner al fiscal en situación para que decida si presenta o no los cargos”, señaló.

“Es muy sencillo señalar desde las gradas una vez que han ocurrido los eventos. ¿Por qué no prevenir para que no sucedan esos incidentes?”, añadió.

Dalmau Santiago resaltó que, además de velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, es necesario trabajar en fortalecer el componente preventivo. “Se habla de desventajas económicas, problemas sociales, dificultades de salud mental y de que, como sociedad, hemos fracasado en proporcionar información a esas personas para que tengan lugares a los que acudir si tienen algún problema”, mencionó.

Consultado sobre si la nominación de una procuradora de las Mujeres es un paso esencial para abordar esta problemática, Dalmau respondió que la licenciada Madeline Bermúdez, quien ocupa el cargo interinamente, cuenta con todas las facultades legales para cumplir con lo que su posición le exige.

“Sin duda hay personas que pueden ocupar el cargo, seguramente debe haber un nombramiento en propiedad, pero ello no implica que la que está de forma interina no pueda tomar medidas al respecto y también adoptar medidas”.

El cargo de Procuradora de las Mujeres está vacante desde marzo de 2023, cuando el gobernador Pedro Pierluisi retiró la designación de Vilmarie Rivera al no contar con los votos necesarios para su confirmación en el Senado.

Después de un intenso debate, que se prolongó por 45 minutos, la cámara alta rechazó el lunes una medida legislativa que requería a los empleadores de empresas privadas que, al momento de comunicar un despido, lo hicieran por escrito e incluyendo las razones y motivos que dieron lugar a dicha acción.

“Solicitamos su respaldo al Proyecto del Senado 1191, que no entendemos por qué ha generado tanta controversia cuando esto es una propuesta sencilla para que le gente sepa por qué se le despide”, expresó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Lassén, en un último intento por lograr la aprobación de la medida.

Finalizado el debate, y tras ser rechazada de forma sonora la medida, Rivera Lassén pidió que se dividiera el cuerpo para conocer cómo votó cada legislador. Al reclamo se unió su compañero legislador, Rafael Bernabe. La vicepresidenta del Senado, Marially González, quien actuaba como presidenta, no aceptó la petición.

“Yo he estado aquí ya tres años y no he visto ni una sola ocasión en la que un senador o senadora solicita que se divida el cuerpo y no se divide. No entiendo por qué razón en este caso no se divide el cuerpo”, cuestionó Bernabe. “Está fuera de orden. La presidencia es la que decide”, respondió González, a lo que Bernabe agregó: “Muchas gracias por apagarme el micrófono señora presidenta”.

Durante el debate, Rivera Lassén indicó que la medida buscaba fortalecer la transparencia de estos procesos, fomentar un ambiente de confianza entre los trabajadores y sus empleadores, y darle a la parte afectada la oportunidad de prepararse para la futura pérdida de trabajo.

Inicialmente, la medida contemplaba que la notificación se realizara 15 días previos a la fecha de efectividad de la cesantía, pero este lenguaje fue modificado en sala. “Esta propuesta refuerza los derechos de las personas empleadas sin imponerle cargas onerosas a los empleadores”, argumentó la legisladora del MVC.

Sus palabras, sin embargo, no tuvieron impacto entre los compañeros legisladores. En oposición a la medida se expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau; la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz. Este último dejó para récord que toda la delegación de la Palma votaría en contra de la pieza legislativa.

Rodríguez Veve describió la medida como “desequilibrada” y aseguró que complicaba el panorama de hacer negocio en el país. “Esto lo que implicaría es que ese pequeño comerciante, el dueño del ‘food truck’ o el dueño de la panadería, tenga contratado un abogado y un personal de recursos humanos que pueda ejecutar lo que este proyecto obliga a hacer”, expuso.

“Esta acción a quién favorece es a los denominados grandes intereses”, expresó la senadora de Proyecto Honorabilidad.

Por su lado, Rivera Schatz cuestionó la ausencia de información que respaldara la necesidad de que las terminaciones laborales se comuniquen por escrito. “Desean que, porque ellos lo afirman, se apruebe una ley cuyo único objetivo es que se exponga por escrito el motivo del despido, con las posibles consecuencias adversas para el empleado”, manifestó el portavoz de la Palma.

Dalmau, por otro lado, criticó que el informe elaborado por la Comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales -encabezada por Rivera Lassén- no incluyera la postura de organismos como la Asociación de Restaurantes (Asore) y el Centro Unido de Detallistas. “Me resulta curioso que todas las organizaciones mencionadas en el informe estén vinculadas a los trabajadores”, expuso el líder legislativo.

“Al analizar la acción de manera objetiva, existe un desequilibrio. No contamos con la información de aquellos que puedan oponerse a la acción o que puedan resultar afectados como empleadores. Me gustaría escucharlos para tener una perspectiva equitativa de lo que estamos evaluando aquí”, afirmó Dalmau.