Denver – En primer lugar, el Tribunal Supremo de Colorado determinó que el expresidente Donald Trump no era apto en ese estado para postularse nuevamente a la Casa Blanca. Posteriormente, la secretaria de Estado de Maine llegó a la misma conclusión para su región. ¿Quién será el siguiente?

Ambas resoluciones son históricas. El máximo tribunal de Colorado fue el primero en aplicar a un aspirante a candidato a la presidencia una inusual prohibición constitucional contra aquellos que “participaron en una insurrección”. La secretaria de Estado de Maine, demócrata, fue la primera alta funcionaria electoral en eliminar unilateralmente a un aspirante de las boletas amparándose en esa disposición.

Sin embargo, ambas resoluciones están en espera mientras el proceso judicial avanza.

Esto significa que Trump permanece en las boletas en Colorado y Maine y que su destino político está ahora en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. El fallo de Maine probablemente nunca entrará en vigor por sí solo. Su principal impacto es aumentar la presión sobre el máximo tribunal de la nación para que se exprese claramente sobre lo siguiente: ¿Puede Trump postularse aún a la presidencia después del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal?

¿Cuál es el problema legal?

Después de la Guerra Civil, Estados Unidos ratificó su 14ª enmienda constitucional para garantizar los derechos de las personas que habían sido esclavas, entre otros. También incluía una cláusula de dos frases llamada Sección 3, diseñada para impedir que aquellos que habían pertenecido al gobierno confederado recuperaran poder gubernamental tras el conflicto.

La disposición dice:

“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o militar alguno en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, funcionario de los Estados Unidos o miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier estado o funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso podrá, con el voto de dos terceras partes de cada cámara, subsanar esa inhabilidad”.

El Congreso levantó esa inhabilitación para la mayor parte de los confederados en 1872, y la disposición cayó en desuso. Sin embargo, fue redescubierta tras los sucesos del 6 de enero.

¿Cómo se aplica esto a Trump?

Trump ya está siendo procesado por el intento de revocar su derrota electoral de 2020, que culminó con los hechos del 6 de enero, pero la Sección 3 no requiere una declaración de culpabilidad para aplicarse. Se han presentado docenas de demandas para incapacitar a Trump alegando que participó en una insurrección el 6 de enero y ya no está calificado parapostularse a un puesto gubernamental.

Todas las peticiones fracasaron hasta el dictamen de Colorado. Y se ha instado a numerosos secretarios de Estado a que lo retiren de las papeletas. Todos señalaron que carecen de poder para hacerlo si no reciben una orden judicial, hasta la resolución de la de Maine, Shenna Bellows.

Nunca la Corte Suprema se ha pronunciado con respecto a la Sección 3. Seguramente lo hará al considerar las apelaciones a la decisión de Colorado: el Partido Republicano estatal ya presentó su recurso y se espera que Trump interponga el suyo propio en breve. El fallo de Bellows no puede ser directamente apelado ante la Corte Suprema federal, sino que primero tiene que ser recurrido en la cadena judicial, comenzando con un tribunal de primera instancia en Maine.

Sin embargo, la decisión de Maine sí obliga al tribunal supremo a examinar el caso. Ya era altamente probable que los jueces consideraran el caso de Colorado, pero la decisión de Maine elimina cualquier duda.

Trump perdió en Colorado en 2020 y no necesita ganar allí para obtener una mayoría en el Colegio Electoral el próximo año. Pero sí consiguió uno de los cuatro votos colegiados de Maine en las últimas presidenciales al imponerse en el 2º Distrito del Congreso, por lo que la decisión de Bellows tendría un impacto directo sobre sus posibilidades en los comicios de noviembre.

Hasta que el tribunal supremo emita su dictamen, cualquier estado podría adoptar su propia regla sobre si Trump, o cualquier otra persona, pueda figurar en las boletas. Este es el tipo de caos legal que se supone que la corte debe evitar.

¿Cuáles son los planteamientos en el caso?

Los letrados de Trump cuentan con diversos argumentos contra la presión para inhabilitarlo. En primer lugar, no está claro si la Sección 3 es aplicable al presidente: un borrador antiguo mencionaba ese puesto, pero fue retirado, y las palabras “funcionario de Estados Unidos” en otras partes de la Constitución no se refieren al presidente, según alegan.

En segundo lugar, aunque sea aplicable a la presidencia, sostienen, esta es una cuestión “política” sobre la que deberían decidir los votantes, no jueces que no fueron electos. En tercer lugar, si los jueces desean intervenir, de acuerdo con los abogados, estarían vulnerando el derecho de Trump a un proceso legal imparcial al determinar categóricamente que no es elegible sin llevar a cabo algún tipo de investigación como un extenso juicio penal. En cuarto lugar, alegan que lo ocurrido el 6 de enero no fue una insurrección en el sentido de la Sección 3, sino un altercado. Por último, aun si fue una insurrección, señalan que Trump no estuvo involucrado, simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Por supuesto, los abogados que desean inhabilitar a Trump también tienen argumentos. El principal es que el caso es realmente muy sencillo: lo ocurrido el 6 de enero fue una insurrección, Trump la incitó y está inhabilitado.

¿Por qué ha tardado tanto?

El incidente ocurrió hace tres años, pero las impugnaciones no estuvieron “maduras”, por usar el término jurídico, hasta que Trump solicitó entrar en las boletas estatales este otoño.

Pero el hecho de que haya pasado tanto tiempo tiene que ver también con otra cuestión: nadie ha querido realmente emitir un dictamen sobre los méritos del caso. La mayoría de los jueces han desestimado las demandas por cuestiones técnicas, incluyendo que las cortes carecen de autoridad para indicar a los partidos a quién poner en sus papeletas para las primarias. Los secretarios de Estado también han evitado actuar, normalmente diciendo a quienes les piden que prohíbanque Trump se presente que carecen de la legitimidad legal para hacerlo a menos de que una corte se lo ordene.

Nadie puede eludir el tema ya. Expertos jurídicos han advertido que, si la Corte Suprema federal no emite una directriz clara sobre el asunto, podría derivar en un caos en noviembre, o en enero de 2025, si es que Trump gana las elecciones. Imaginen, señalan, si el máximo tribunal evita la cuestión o dice que no es una decisión que le corresponda a las cortes y los demócratas ganan por una pequeña mayoría en el Congreso. ¿Confirmarían a Trump o declararían que es inelegible bajo la Sección 3?

¿Por qué lo hizo Maine?

Maine tiene un procedimiento excepcional en el que se requiere que el secretario de Estado realice una audiencia pública sobre impugnaciones a las posiciones de los políticos en las papeletas y luego emita un fallo. Diversos grupos de votantes de Maine, entre ellos uno bipartidista de exparlamentarios estatales, presentaron una reclamación de este tipo, lo que provocó la decisión de Bellows.

Bellows es demócrata, exdirectora de la sección de la Unión Americana de Libertades Civiles en el estado y cuenta con una larga trayectoria de críticas a Trump en redes sociales. Los abogados de Trump le pidieron que se apartara del caso, citando publicaciones en las que calificó lo sucedido el 6 de enero como “una insurrección” y lamentó la absolución del exmandatario en su juicio político por el incidente.

Se negó alegando que no estaba emitiendo un fallo con base en sus opiniones personales. Pero el precedente que establece es notable, según sus críticos. En teoría, funcionarios electorales de todos los estados podrían decidir que un candidato no es elegible basándose en un novedosa teoría jurídica con respecto a la Sección 3 y suspender así sus candidaturas.

Los conservadores alegan que la Sección 3 podría aplicarse a la vicepresidenta, Kamala Harris, por ejemplo. Si en su día se utilizó para impedir que accedieran a un puesto público incluso aquellos que donaron sumas pequeñas a individuos confederados, ¿no podría utilizarse en contra de Harris, dicen, porque recaudó dinero para los arrestados en los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020?

¿Es este un asunto partidista?

Desde luego que lo es. Bellows es demócrata y todos los jueces de la Corte Suprema de Colorado fueron escogidos por demócratas. Seis de los 9 magistrados de la Corte Suprema federal fueron designados por republicanos, tres de ellos por el propio Trump.

Pero los tribunales no siempre se dividen en líneas partidistas predecibles. El fallo en Colorado fue de 4-3: tres jueces nombrados por demócratas no estuvieron de acuerdo en inhabilitar a Trump. Varios juristas conservadores destacados han promovido el empleo de la Sección 3 en contra del expresidente.

Ahora veremos cómo lo maneja el máximo tribunal del país.