ACT llevará a cabo 22 proyectos de mejoras en las vías cedidas a Metropistas

Pese a que la compañía Metropistas de Puerto Rico tomó el control de cuatro autopistas el 14 de diciembre, la Agencia de Carreteras y Transporte (ACT) conservó la gestión de 22 iniciativas de reparación y mejoramiento previstas en las vías privatizadas, incluyendo la restauración del tramo en la PR-52, entre Salinas y Cayey, impactado por un desprendimiento de rocas en noviembre de 2022.

“Existen algunos proyectos en ejecución que vamos a concluir”, destacó el líder ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo.

Del inventario de “proyectos retenidos” por la ACT que se incluyeron en los anexos del contrato entre la corporación pública y Metropistas, se infiere que, en la PR-52, quedaron 14 tareas pendientes. Además, en la carretera PR-53, la ACT continuará laborando en otros cinco proyectos, mientras que la PR-66 y la PR-20 cuentan, cada una, con una obra en proceso.

“En esencia, cualquier situación fuera de esos proyectos que están (en la lista), es responsabilidad de ellos (Metropistas)”, indicó, por su parte, Marco García, ayudante directo de González Montalvo y oficial principal de cumplimiento de la ACT.

Dos de las iniciativas de mayor impacto que la ACT seguirá administrando se localizan en la PR-52, incluida la restauración del derrumbe de rocas, así como mejoras a la pavimentación entre Caguas y San Juan, en un tramo de 14 kilómetros en ambas direcciones.

Clausura por colapso hasta el verano

En el caso del colapso, en dirección de Salinas a Cayey, González Montalvo admitió que las labores deberán extenderse, al menos, hasta verano de 2024. Inicialmente, se calculó que los trabajos se concluirían en la primera mitad de 2023.

“Si uno observa la montaña, son tres niveles. En el primer nivel (el nivel más elevado de la montaña), se llevaron a cabo barrenos, ocho pies adentro, se colocaron unas anclas, se vertió concreto líquido y luego se dispuso una malla sobre eso”, explicó.

“Una vez que se puso esa malla (en el primer nivel), se realizó una remoción de toda la roca, se eliminó todo ese piso, y ahora, en este segundo nivel (intermedio), estamos perforando barrenos, pero, en este caso, de 22 a 25 pies dentro de la montaña. Es un producto sumamente técnico y complejo”, añadió el ingeniero, al aclarar que aún resta realizar estudios del nivel inferior de la montaña para determinar qué trabajos se necesitarían, entonces, para asegurar la seguridad luego de la reapertura de los carriles adyacentes.

Mientras tanto, la renovación del asfalto entre los kilómetros 0 y 14.2 de la PR-52 podría extenderse hasta 2026, según la estimación del gobernador Pedro Pierluisi en una rueda de prensa a mediados de noviembre.

No es definitivo el nivel de inversión

En el futuro, las inversiones en las cuatro autopistas actualmente bajo la gestión de Puerto Rico Toll Roads –subsidiaria de Metropistas que formalizó el acuerdo con la ACT– quedarán en manos del operador. En meses anteriores, la ACT ha declarado públicamente que la transacción conllevará una inversión privada de $2,300 millones durante los próximos 40 años, el plazo del contrato de cesión.

No obstante, García apuntó que esa cantidad –además de los $2,850 millones desembolsados como parte del cierre financiero del contrato– representa solo una “estimación” y que, en última instancia, la inversión en proyectos de infraestructuras podría variar.

“Fundamentalmente, ese es el riesgo que asumen. Cuando presentan la propuesta, el contrato no establece que deben invertir $100 millones este año, $80 (millones) aquí”, expresó el oficial de cumplimiento, al subrayar que, si es necesario, correspondería a Metropistas suministrar el capital adicional para mantener en buen estado las vías.

En este sentido, señaló que los “parámetros” contractuales se enfocan en los estándares establecidos por el gobierno federal para las condiciones de las autopistas. El contrato, según García, estipula que los objetivos de calidad de la infraestructura vial se cumplan en determinados plazos.

“Se divide en tres fases, a tres, siete y 12 años, en los que se exige llevar las carreteras a cierta condición. La inversión la realizan a su discreción. Anualmente nos presentan un plan de trabajo que la ACT analiza y aprueba, pero tienen libertad para elegir dónde quieren realizar la inversión, siempre y cuando lleven la carretera al 100% (de lo) que medimos”, indicó el ingeniero, asegurando que el incumplimiento conlleva sanciones.

González Montalvo añadió que, tras la primera transacción con Metropistas en 2011 –cuando el gobierno traspasó la PR-22 y la PR-5–, la ACT creó una oficina para supervisar los contratos de esta naturaleza. El director ejecutivo destacó –como en otras ocasiones– que, como resultado de la privatización, la corporación pública podrá destinar mayores recursos a otros aspectos de su operación, incluido el servicio de asistencia en la carretera.

En este sentido, explicó que la ACT podrá trasladar al personal que gestionaba las autopistas al tramo de Ponce a Hormigueros de la PR-2, aunque reconoció que inicialmente la corporación pública deberá seguir proporcionando apoyo a Metropistas en esa función. Mencionó que actualmente la ACT atiende las escenas en un promedio de 40 minutos, una mejora con respecto a los 72 minutos que registra el gobierno de Florida.